Los socialistas vileros se oponen al desmantelamiento de la justicia promovido por Gallardón.

October 29, 2013 por  
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Marco Antonio Vidal - logo PsoeAnte la publicación por el Ministerio de Justicia de la propuesta de texto articulado de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, elaborada por la Comisión institucional a la que se encomendó esta tarea.

La Vila Joiosa. 28-10-2013.- La propuesta de modificación de la demarcación y planta judicial que formula, sigue la senda de las reformas de la Administración que nos viene proponiendo el Gobierno, ignora a los ciudadanos, ignora las competencias que la Constitución y los Estatutos de Autonomía reservan a las Comunidades Autónomas y tiene como único objetivo, con el pretexto de un supuesto ahorro, la reducción de la Administración orientada, en última instancia, al desmantelamiento de los servicios públicos a favor del negocio privado.

Es imposible una nueva estructura de Tribunales de Instancia sin el desarrollo de la oficina judicial y por el contrario el modelo que propone Gallardón sólo se basa en criterios economicistas eliminando sedes judiciales (algunas con infraestructuras que ni siquiera se han terminado de pagar aún, de menos de 10 años de antigüedad) y agrupar y concentrar en las capitales provinciales a juzgados o jueces sin incrementar o adecuar la ratio de los jueces.

Con la eliminación de los Partidos Judiciales y de las Audiencias Provinciales cuyas competencias se asumen parte por los Tribunales de Instancia y parte por los Tribunales Superiores de Justicia,se genera un alejamiento y una concentración de la administración de justicia contraria a los intereses del ciudadano, además de colapsar los TSJ y los Tribunales de Instancia, ya que el número de jueces de la propuesta es exactamente el mismo que el número de jueces que hay en la actualidad.

Por otro lado, se recoge que los Juzgados de Paz desaparecerán progresivamente y que sus competencias en materia civil y penal pasarán a los Tribunales de Instancia. Llama la atención que esas competencias suponen menos del 15 por cien de la carga de trabajo de los Juzgados de Paz que dedican el 85% de su trabajo a las tareas propias del Registro Civil en un tercio y a la cumplimentación de exhortos y labores propias de la función de auxilio judicial en dos tercios.

El último Gobierno Socialista presentó un proyecto de ley de Tribunales de Instancia muy alejado de la propuesta del PP y cuyos principios inspiradores eran:

– La defensa de la Justicia como un servicio público próximo al ciudadano para garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva y su radicación en el territorio con mantenimiento de los partidos judiciales.
– Se mantenían las Audiencias Provinciales.
– La extensión de la organización colegiada a la primera instancia para permitir una mayor racionalidad en el ejercicio de la jurisdicción facilitando el establecimiento de criterios comunes entre los miembros del Tribunal.
– El conjunto de jueces de instancia de una misma demarcación constituían un único tribunal con un presidente y con una oficina que presta su servicio a todos ellos.

Estos principios inspiradores además aparecían acompañados con propuestas tales como la creación de un primer escalón en la organización del poder judicial encargado de conocer de aquellos asuntos que no revisten una especial complejidad y pueden recibir un tratamiento más ágil. Esta función debería ser desempeñada por jueces profesionales, integrados en la carrera judicial, lo cual exige aumentar la ratio de jueces por habitante, algo que no aborda ni de lejos la propuesta de Gallardón.

De aprobarse la propuesta sin modificaciones que ha planteado la comisión redactora y ha asumido el Ministro Gallardón, vamos en la línea clara de alejar y encarecer la justicia para los ciudadanos con el consiguiente colapso de la Administración de Justicia.

Gallardón no implanta la oficina judicial ni ofrece a la ciudadanía un modelo alternativo que agilice la justicia, su apuesta por las tasas judiciales y las privatizaciones a las que la viene sometiendo sólo van en la senda de desmantelar otro servicio público, en este caso el desmantelamiento de la Justicia, por lo que proponemos el rechazo de este nuevo hachazo a nuestros derechos.

Ante esta situación, el grupo municipal socialista de la Vila ha presentado una propuesta al pleno municipal en la que se solicita, entre otras cosas, la desestimación y no llevar a efecto las propuestas de reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial hecha pública en la página web del Ministerio de Justicia.

Además, pide instar al Ministerio a que presente una nueva propuesta de reforma en la que en su elaboración y contenido:

­ Se tengan en cuenta las distintas competencias que concurren. Y la opinión de las CC.AA, tal y como expresa la Constitución Española y el art 35 de la LOPJ.
­ Se mantenga la demarcación y planta vinculada a los territorios, con partidos judiciales como estructura territorial de los Tribunales de Instancia, manteniendo de está forma los partidos judiciales y suprimiendo que su ámbito territorial sea provincial. Dejando sin efecto la recentralización que lleva a cabo en las capitales de provincia.
­ Mantenga las Audiencias Provinciales y los Juzgados de Paz para evitar el alejamiento y la concentración de la administración de justicia tan contraria a los intereses de los ciudadanos, y buscando el consenso en las nuevas demarcaciones, como pueden ser los tribunales de base o primer grado.

Por último, la propuesta pretende que se implanten los Tribunales de Instancia simultáneamente con el pleno despliegue de la nueva oficina judicial, con el fin de garantizar el completo desarrollo de los servicios comunes procesales y agilizar la justicia, mejorando el servicio público.”

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