GENT PER LA VILA ve indicios de prevaricación del Alcalde si se aplica la ponencia catastral de valores del 2005

November 13, 2012 por  
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Pedro Alemañy - Gente por Villajoyosa- 269El alto cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que está aplicando el equipo de gobierno actual, está creando en Villajoyosa un verdadero movimiento social. Y todo ello, por no cumplir con las sentencias judiciales dictadas por el Tribuna Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por el Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo con casos idénticos como el de Villajoyosa.

Las varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la CV, han declarado la nulidad de la Ponencia de Valores Catastrales de Villajoyosa del 2005, y por tanto, en virtud del art. 72. 2 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la anulación de una disposición o acto administrativo, producirá efectos para todas las personas afectadas, de ahí, la obligación que tiene el Ayuntamiento de rectificar los valores catastrales, no solo de los que en su día recurrieron, sino también de todos los afectados por la ponencia, debiendo aplicar la ponencia de valores de 1990, es decir, la anteriormente vigente.

Gent per la Vila entiende que el Ayuntamiento y más concretamente el Alcalde, está obligado a ejecutar las sentencias en función del Art. 103.2 de la ley 29/1998, así como, a lo que establece el mismo articulo en su punto 3 que dice “todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales de lo Contencioso-administrativo para la debida y completa ejecución de lo resuelto”, por lo que el Ayuntamiento además de NO aplicar la Ponencia de Valores del 2005, debe exigir al Catastro la confección de una nueva ponencia. El mismo Art. en su punto 4 sigue diciendo “Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento”

En caso de no ejecutarse las sentencias por el Ayuntamiento, se podría instar su ejecución forzosa.

No obstante, nuestro Código Penal en su art. 404 establece que comete prevaricación, la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo.

GpV

Cabemos todos

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