El PSPV de la Vila Joiosa contra la regulación sobre el aborto que prepara Gallardón

May 30, 2013 por  
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Marco Antonio Vidal - logo PsoeEl Ministro de Justicia ha anunciado que el Gobierno de España presentará pronto una nueva regulación sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Según las declaraciones efectuadas por el ministro Gallardón, esta nueva regulación supondrá la vuelta a una Ley de indicaciones mucho más restrictiva que la ley de 1985, en la que las mujeres no podrán decidir, sino que serán los médicos quienes decidan por ellas. Otros aspectos polémicos de la nueva ley es la eliminación de la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal, así como la fiscalización intolerable respecto al supuesto de riesgo para la salud de la madre, mostrando un claro desprecio y desconfianza hacia las mujeres, a las cuales no las deja decidir y en cambio serán profesionales externos los que decidan por ella.
Con todo ello, el Gobierno está preparando una de las leyes de aborto más restrictivas del mundo occidental y, así, España será el primer país que cuando legisla sobre el aborto retrocede. Esto supone una vuelta al pasado, incluso más allá de la primera ley del año 1985, y que las mujeres españolas tengan dos opciones, abortar fuera de España si tienen recursos para ello, o bien abortar en España en condiciones de clandestinidad con el consiguiente riesgo para su salud y su vida. En los últimos 28 años, 36 países han liberalizado sus leyes de aborto pero ninguno ha retrocedido.
Tal y como es conocido, el Tribunal Constitucional en 1985, dejó claro que, en relación al aborto, no estamos ante un conflicto entre dos derechos fundamentales, porque los únicos derechos fundamentales implicados aquí son los derechos de las mujeres, siendo el no nacido un bien jurídico que queda debidamente protegido por la legislación actual.
Asimismo, es importante tener presente que la actual Ley, aprobada en el año 2010, fue avalada plenamente por el Consejo de Estado, que en aquel momento, argumentaba que era necesario reformar la regulación para adecuarla a la realidad y además destacaba la plena constitucionalidad de su articulado.
Pese a todo ello, el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la actual ley –tal y como ya hizo en relación a los matrimonios homosexuales-, que todavía no ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional. Aún así, Gallardón prefiere no esperar al dictamen del Tribunal Constitucional y con ello, se pliega, una vez más, a las demandas de los sectores más ultraconservadores de nuestra sociedad.
Porque de lo que está hablando el Ministro Gallardón, de acuerdo con la Conferencia Episcopal, es en realidad , eliminar el derecho a decidir de las mujeres, y que esa eliminación se haga a costa de poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres.
Las leyes restrictivas de aborto no reducen el número de abortos, solamente incrementan el número de mujeres muertas o que pierden su salud porque abortan en la clandestinidad y en condiciones insalubres. Si esta anunciadísima reforma sale adelante es seguro que se estarán quitando dos derechos a las mujeres: el de la libre decisión y el de la salud.

En el año 2008 ya el Consejo de Europa aprobó una recomendación a sus 47 países donde consagra el derecho al aborto legal y sin riesgos garantizado por el Estado que convierta esta práctica en accesible y segura. Y además invita a despenalizar el aborto, allá donde sea delito. Y lo más importante para nuestra situación actual: se muestra a favor de una ley de plazos y reclama clases de educación sexual obligatorias para los jóvenes.
Con la actual ley, se reconoce a las mujeres el derecho a una maternidad libremente decidida. Lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esa decisión -consciente y responsable- sea respetada. Asimismo, se ha desarrollado toda una normativa, actual y acorde con las recomendaciones y legislaciones internacionales. Esta Ley garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual. Porque sólo con una educación sexual adecuada y con la mejora en el acceso a los métodos anticonceptivos, podremos prevenir de manera más efectiva, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados y, por tanto, el numero de IVEs.
La actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e IVE garantiza que las mujeres sean informadas de todas las prestaciones, ayudas y derechos que les corresponden si desean continuar con el embarazo, así como de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales derivadas de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo, y de la posibilidad de recibir asesoramiento antes y después de la intervención. Y establece, además, un plazo de reflexión de tres días desde la recepción de toda la información, antes de que pueda practicarse cualquier interrupción voluntaria del embarazo, a petición de la mujer y dentro de las catorce primeras semanas.
Los Socialistas entienden que no se puede legislar a espaldas de la realidad, y la mayor realidad es que las mujeres en todas partes del mundo tienen abortos, estén legalizados o no y que la mejor forma de reducir el número de abortos no es negar el acceso a procedimientos legales y seguros a las mujeres, sino darles el poder de controlar su fecundidad y de prevenir los embarazos no deseados.
Por todos estos motivos, los socialistas vileros han presentado una propuesta que irá al próximo pleno ordinario en la que muestran su rechazo a la aprobación de la ley anunciada por el ministro Gallardón, así como el reconocimiento del derecho de las mujeres a una maternidad libremente decidida y no al dictado de ninguna moral religiosa.

La Vila Joiosa, 30 de mayo de 2013

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