El PSOE de La Vila Joiosa denuncia el nuevo ataque del PP a la Justicia con la privatización del Registro Civil

April 30, 2013 por  
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Marco Antonio Vidal - logo PsoeEl modelo de Justicia pretendido por el PP se basa en una justicia de dos velocidades: primero lo vimos con la implantación de las tasas judiciales y ahora con el intento de privatizar el Registro Civil. El objetivo: expulsar del sistema a quienes menos recursos tienen.

Esta nueva idea de Gallardón de privatizar y desprenderse del Registro no tiene nada que ver con el ahorro.

Si se aprueba el Borrador de Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros del Gobierno de Rajoy los ciudadanos tendrán que pagar dos veces por todos los actos que ahora se tramitan en el Registro Civil y lo harán una a través de sus impuestos y otra a través de los aranceles que haya que pagar a los Registradores que no se caracterizan precisamente por ser bajos.

Este borrador de anteproyecto arrebata a las distintas Administraciones Públicas una serie de Registros administrativos para entregarlos a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles para que los exploten empresarialmente cobrando a los ciudadanos por ello .

Para garantizar, además, la rentabilidad del servicio, Gallardón aumenta los actos y los hechos inscribibles así, junto a los actos de inscripción y certificación que actualmente se realizan en los registros civiles (nacimiento, defunción, fe de vida, matrimonio, etc), se incorporan otros nuevos tales como la representación voluntaria de las personas físicas, domicilio y dirección a efectos de notificaciones que legal y Reglamentariamente se determinen…

En el año 2011 el Gobierno socialista de España aprobó una reforma de la Ley del Registro Civil, la Ley 20/2011, de 21 de julio que suponía una adaptación de la anterior ley de 1957 a la realidad actual, consciente de las transformaciones habidas en nuestro país y realizando un cambio normativo en profundidad que, recogía los aspectos más valiosos de la institución registral, y su acomodo a la España de hoy y su realidad política, social y tecnológica.

La pretendida reforma de Gallardón, establece en su articulado que los registros tendrán un ámbito de actuación provincial. Nada se dice de las poblaciones más pequeñas, en las que actualmente existen juzgados de paz, que dejarán de realizar los actos propios del Registro Civil. Esto supondrá un verdadero inconveniente para los ciudadanos residentes en poblaciones pequeñas y alejadas de las capitales de provincia (o grandes poblaciones que cuenten con registrador de la propiedad), que deberán desplazarse decenas de kilómetros para realizar trámites esenciales

como la inscripción de un nacimiento o la solicitud de una partida de defunción, más las nuevas inscripciones antes mencionadas.

Además, cabe destacar que no existe ahorro con esta privatización porque los funcionarios que actualmente están adscritos a los distintos Registros Civiles tendrán que ser reubicados en los Juzgados después de que el Estado haya

invertido en su formación y especialización. Esta medida no se puede justificar de ninguna manera razonable.

Para el Partido Socialista es importante que paremos esta barbaridad que, si a día de hoy no ha visto la luz, no es por falta de voluntad política de Gallardón sino, al parecer, porque no hay acuerdo sobre las cuantías de los aranceles, dado que los Registradores pugnan por unas cuantías altas que les permitan invertir en personal e infraestructuras.

La Vila Joiosa, 30 de abril de 2013

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